Publicado: 26 de Mayo de 2022

Los números no mienten: cada vez vivimos más, pero tenemos menos hijos. Con una pirámide poblacional radicalmente distinta a la de hace décadas, España se ha convertido en uno de los países más longevos del mundo, una tendencia que no hace sino aumentar: si en 2020 los mayores de 65 años se cifraban en 9,4 millones, se estima que ya a mediados de siglo se alcanzarán los 16. Solo en los últimos 20 años, han aumentado un 40 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hasta llegar a representar casi una quinta parte del total de la población. Cifras que necesariamente implican otra verdad: a mayor envejecimiento, mayor número de personas en situación de dependencia, y por lo tanto mayor demanda de profesionales especializados en cubrir una amplia gama de necesidades.


Ahora bien, ¿en qué situación se encuentra la dependencia en España? Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, presentado este martes, ha alertado de que 11 autonomías recortaron su gasto en dependencia en 2011 respecto al año anterior, aprovechando un aumento de la financiación por parte del Gobierno central. En diciembre de 2021, había un total de 1.415.578 personas reconocidas oficialmente como dependientes, de las que 193.436 no recibían todavía prestación alguna, a pesar de tener derecho a ella. Las diferencias de gestión entre las distintas comunidades arrojan unas listas de espera muy heterogéneas, con Cataluña a la cabeza (un 31,77 % de los dependientes reconocidos), seguida de Canarias (27,87 %) y La Rioja (27,33 %), mientras que Castilla y León apenas registra un 1,49 %, de acuerdo a Europa Press (todas ellas figuran entre las que recortaron su aportación el pasado ejercicio fiscal). El excesivo tiempo de espera a la hora de tramitar las solicitudes de prestación es, de acuerdo con los especialistas consultados, una de las carencias del sistema, junto con la falta de información y unos trámites burocráticos excesivamente complejos.


Retos y desafíos de la dependencia


“El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es un sistema de enorme calado, y su proceso de implementación y optimización nunca será definitivo”, señala Juan Sitges, director de la Fundación Caser, que a su vez identifica tres grandes carencias a la hora de mejorar su eficacia: “En primer lugar, la disparidad entre comunidades autónomas respecto a la gestión de la demanda, especialmente respecto a los tiempos de resolución; un desarrollo desigual de servicios y prestaciones entre las autonomías y las dificultades asociadas a la financiación”. Una tramitación que puede llegar a superar los dos años de espera y que afecta negativamente a la calidad de vida de los dependientes y sus familias. Acceder a estos servicios es además aún más difícil si se vive en un entorno rural, ya que la migración del campo a la ciudad y los problemas asociados con la España vaciada complican el acceso a las ayudas relacionadas con la dependencia.


Mejorar la atención a las personas en situación de dependencia pasa necesariamente por reforzar la coordinación con (y entre) las autonomías, “ya que existen evidencias de que las comunidades autónomas no cooperan ni comparten técnicas, información ni resultados, lo que pone en una compleja tesitura el desarrollo y sostenibilidad del sistema. Es necesario integrar y tener una visión de conjunto”, afirma Sitges. “El foco debe ponerse en la calidad y en la satisfacción, en las mejores prácticas y en los errores. Y es importante priorizar y ser realistas ante la compleja situación económica y social que nos ha tocado vivir”. Para ello, insiste, se debe incrementar el nivel de transparencia de la información; aumentar la coordinación sociosanitaria (y avanzar hacia un sistema centrado en el usuario); homogeneizar el catálogo de servicios y prestaciones, así como la normativa; y buscar sistemas de financiación sostenibles a largo plazo.


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